En el encuentro de la Apie en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, cifraba en 75.352 millones de euros las ayudas públicas de capital al sector financiero (74.375 millones si se restan los 977 millones recibidos por Banca Cívica y que fueron devueltos por CaixaBank al hacerse cargo de este grupo en abril de 2013).

El 2 de septiembre, el Banco de España publicaba un informe en el que cuantificaba las ayudas financieras públicas comprometidas en diversas formas de capital a las entidades españolas en 61.366 millones desde mayo de 2009, cifra que se queda en 60.389 millones al restar los 977 millones de euros devueltos por CaixaBank. Este cálculo no incluye los avales del Estado a emisiones de entidades de crédito, concedidos para facilitar su acceso a los mercados de capitales, los apoyos contingentes formalizados mediante esquemas de protección de carteras de activos (EPA) en algunos procesos de integración, ni la participación pública en la Sareb (2.192 millones).

UGT ha hecho público un informe en el que considera que “para obtener una cantidad más próxima a la realidad deberíamos adicionar a las ayudas en forma de capital, que solo suponen el 5%” otros conceptos: los EPA, los avales y garantías del Estado, la adquisición de activos a través de la Sareb, las líneas de liquidez y los préstamos del Banco Central Europeo (BCE). El sindicato recuerda que “la Comisión Europea también considera como ayuda pública todos estos instrumentos, con la excepción de la garantía estatal a los depósitos y los préstamos del BCE”.

Pero subraya que, dada la magnitud de la garantía estatal a los depósitos (7951.35 millones) y de los préstamos del BCE (248.293 millones), hay que incluirlos en el cálculo. “Prescindiendo de ellos, la ayuda se habría elevado a 167.460 millones”, señala el informe. “Teniendo en cuenta todos estos conceptos, el denominado rescate del sistema financiero ha supuesto hasta la fecha un importe de 1,2 billones de euros, y todavía están pendientes las subastas de Catalunya Banc y NCG Banco, además de inyecciones en otras entidades”, subraya.

En FeS-UGT argumentan que “estas ayudas, que si bien no suponen en su totalidad un desembolso inmediato a las entidades, sí son riesgos que a futuro, y en una situación crítica, tendrían que ser asumidos por los ciudadanos”.

Según el Consejo Económico Social, estas ayudas públicas han supuesto el 136% del PIB español en 2012. UGT interpreta que “se supera desorbitadamente el volumen anual de riqueza producida en España en ese año”.

Sin contrapartidas

El sindicato critica que “el proceso de reforma del sistema bancario español se ha traducido única y exclusivamente en ayudas financieras cuyo destino ha sido facilitar los procesos de reestructuración y saneamiento de entidades, que se han traducido en una pérdida de casi 40.000 puestos de trabajo, un deterioro de las condiciones laborales del conjunto del sector y el cierre de más de 8.000 oficinas, con el riesgo adicional de la exclusión financiera”. Y destaca que cuenta los procesos de reestructuración abiertos en la actualidad que van a suponer la salida aproximada de 17.000 trabajadores más.

“Esta cuantiosa ayuda pública debería tener como contrapartida la exigencia al sector financiero de ayudar al desarrollo de la economía española en beneficio de todos los ciudadanos, garantizando la fluidez del crédito para las empresas especialmente a las pymes y para las familias, así como impulsar la estabilidad en el empleo del sector. En cambio, este largo proceso no ha conseguido que el crédito vuelva a fluir hacia la economía real”, señala el informe.

Y que suponen “regalar” el negocio a los bancos privados, para que “acaben creando un oligopolio financiero”.